El pasado día 26 se aprobó el Real Decreto 629/2022, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que modifica normativa previa al respecto.

Una de las razones esgrimidas para la modificación de la política migratoria en España es el envejecimiento de la población y, en consecuencia, la caída del porcentaje de población activa sobre la población total. Independientemente de otras consideraciones en cuanto a políticas activas de empleo, el progresivo envejecimiento de la población residente es claro. Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, a 1 de enero de 2022 el Índice de Envejecimiento de España (porcentaje de personas mayores de 64 años sobre la población menor de 16 años) fue de un 133,48%, porcentaje que no ha dejado de crecer durante toda la serie histórica, si bien durante la etapa previa a la crisis económica de 2008 se apreció un breve decrecimiento del mismo, probablemente achacable a la entrada de migrantes al país.

Por poner un dato clarificador sobre la mesa, en diez años el Índice de Envejecimiento ha crecido desde el 108,34% en 2012 al 133,48% citado para 2022. Según las proyecciones de población del INE, la población de 65 y más años supondrá el 26,5% de la población para el año 2035, lo cual pone en serios aprietos la sostenibilidad del sistema público de pensiones, tal y como se viene advirtiendo desde hace años.

Al margen de otras medidas que deben ser adoptadas para lograr un adecuado equilibrio entre contribuyentes netos al sistema de pensiones y beneficiarios netos, parece que, a medio y largo plazo, es necesaria una flexibilización en la política migratoria vinculada al mercado de trabajo. Esto no es algo exclusivo de España, ya que incluso países tan estrictos en cuanto a políticas migratorias como Japón están realizando cambios al respecto, y es que el envejecimiento de la población es un denominador común de los países desarrollados.

En cuanto a los cambios introducidos por el RD 629/2022, destacamos brevemente algunos cambios referidos al mercado laboral:

  • Se flexibilizan las contrataciones en origen, no siendo ya necesario que se documente que no se encuentran personas residentes para cubrir un determinado puesto de trabajo.
  • Se habilita un modelo de contratación plurianual, que permite el trabajo durante 9 meses al año por un período de cuatro años.
  • Se crea la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX), para agilizar los trámites. Supone un avance hacia la Ventanilla Única y la homogeneización de la aplicación de la normativa en todos los territorios.
  • Se permite que estudiantes compaginen trabajo y formación, siempre que el empleo sea compatible con los estudios que se estén realizando, y que no supere las 30 horas semanales. Además, se eliminan las restricciones para la incorporación al mercado laboral tras la finalización de los estudios (hasta ahora, era necesaria una estancia de tres años en el país para obtener el permiso de trabajo).
  • Se crea la figura de arraigo por formación, que concede una residencia por un período de un año (prorrogable otro año) a los extranjeros que han permanecido de manera continuada durante al menos dos años, si se comprometen a realizar formación para el empleo. Las vías para realizar esta formación están especificadas en el articulado; en resumen, estudios organizados por los Servicios Públicos de Empleo o universidades con un carácter claramente profesionalizante.
  • Se flexibiliza la compatibilidad del trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia.
  • En cuanto al arraigo laboral, se mantienen los requisitos previos (permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, inexistencia de antecedentes penales tanto en España como en el país de origen y, en su caso, en el país donde haya residido los últimos cinco años). Lo que se actualiza es la manera de acreditar la permanencia continuada en España durante dos años, permitiéndose cualquier prueba documental de una relación previa en situación legal de estancia o residencia. Para computar dicha relación laboral será necesario, como mínimo, un contrato de 30 horas semanales en un período de 6 meses, o de 15 horas semanales en un período de un año. En el caso del trabajo por cuenta propia se computará un alta continuada de, al menos, seis meses.
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